Las dimensiones de la crisis: hay una salida verde
•DÓNDE: Salón de Actos de UGT, Avenida de América, 25, Madrid
•CUÁNDO: 23 nov 2010 - 19:00
La periodista Ruth Toledano presentará un debate en el que participarán:
•Ana Etchenique, vicepresidenta de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios
•Daniel Vila, Presidente de ATTAC Madrid,
•Sonia Ortiga, abogada ambientalista, coportavoz de la Coordinadora Verde,
•Ramón Linaza, actor, coportavoz de la Coordinadora Verde de Madrid,
•Reyes Montiel, exdiputada en la Asamblea de Madrid
•Juantxo López de Uralde, promotor de la Fundación EQUO
lunes, 22 de noviembre de 2010
martes, 9 de noviembre de 2010
lunes, 14 de junio de 2010
La incineradora de residuos peligrosos de Estremera
Una empresa filial del grupo Abengoa (Befesa) quiere instalar en el término municipal de Estremera , Madrid, una incineradora de residuos peligrosos. El proyecto se tramita con gran rapidez, lo que constituye una prueba clara de que cuenta con apoyo del Gobierno Regional de Esperanza Aguirre. Como siempre ocurre en estos casos, el nombre oficial pretende ocultar la naturaleza del proyecto y se presenta con el muy aséptico título de “Centro madrileño de tecnologías para la recuperación industrial”.
Los promotores prevén tratar una amplia variedad de residuos peligrosos de diverso tipo: Residuos de talleres de pintura y decapado, fabricación de tintes y pinturas, cincado de hierro, fabricación de cosméticos y medicamentos, explotaciones agrícolas y ganaderas, industria agroalimentaria, etc. En total se prevé que sumen unas 68.700 toneladas de residuos peligrosos de los que unos 30.000 se incinerarán a través de dos tecnologías diferentes: evapooxidación y oxidación catalítica.
El primer aspecto sospechoso es la ubicación del proyecto. Se invoca el principio de proximidad en el tratamiento de los residuos pero se elige un emplazamiento que dista más de 60 km de Madrid ciudad y más de 30 de la zona industrial de la Comunidad. Parece por tanto que lo determinante ha sido encontrar suelo barato y autoridades municipales dispuestas a aceptar este tipo de instalaciones. Tampoco parece un asunto menor que se trate de un municipio en el límite de la Comunidad, con lo que buena parte de los problemas derivados se “exportan” a otras regiones y que, por tratarse de un término municipal relativamente alargado y extenso, se haya podido encontrar un emplazamiento mucho más cercano a poblaciones colindantes que al propio casco urbano de Estremera.
Se cita el consabido mantra de que en los residuos peligrosos la estrategia debe ser reducir, reutilizar, reciclar y sólo después incinerar, pero la instalación, una de las mayores de la Comunidad, se concibe para quemar residuos. Lo que de paso disuade de acometer los procesos que teóricamente son prioritarios en la citada estrategia.
Se apunta que la Comunidad de Madrid aspira a ser autosuficiente en la capacidad de tratar residuos peligrosos, pero las estadísticas disponibles de distintas fuentes son manifiestamente incongruentes entre sí. Los datos que proporcionan el Gobierno Regional, el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto de Estadística(IE) de la Comunidad difieren entre sí de forma notable. El Gobierno regional, en teoría responsable de gestionar estos residuos, no publica datos desde hace más de 5 años. Los datos del IE, más recientes, sólo alcanzan hasta 2007 y son significativamente menores que los de la Comunidad. No reflejan aún el impacto de la crisis. No está en modo alguno justificada la necesidad de esta instalación. Antes al contrario, el mensaje que lanzan los portavoces de Asegre (patronal que agrupa a los gestores de residuos) es que la crisis ha mermado sustancialmente la producción de estos residuos. Apuntan que la producción de residuos ha caído un 25% con la crisis y que hay un exceso manifiesto de capacidad de tratamiento. Hablan de una capacidad en todo el país de 4 millones de Toneladas para una producción efectiva del orden de 2,5 millones. Señalan que se ha perdido el 25% del empleo en este sector.
Pero el hecho que mas preocupa en la zona son las emisiones atmosféricas previstas de diversas sustancias tóxicas entre las que se encuentran: partículas; metales pesados como mercurio, cromo, cadmio, arsénico, plomo y berilio; hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs); otros compuestos orgánicos volátiles (COVs); gases ácidos como óxidos de azufre; dióxidos de nitrógeno y ácido clorhídrico y gases de efecto invernadero como dióxido de carbono. En el proceso de incineración también se forman nuevos compuestos tóxicos como los policlorobifenilos (PCBs) las dioxinas y furanos,. Todos estos compuestos forman parte de la familia de compuestos orgánicos persistentes (COP) que son extremadamente tóxicos, persistentes y se acumulan en los tejidos grasos, lo que puede suponer un grave riesgo para las personas si estamos expuestos a estos contaminantes y para el medio ambiente.
El problema de la incineración de residuos peligrosos es que las materias primas contienen varios miles de especies químicas distintas por lo que no es posible encontrar las condiciones de combustión que minimicen simultáneamente la emisión de contaminantes derivados de todas las sustancias. Además la composición química y la proporción de los componentes varían de forma importante con el tiempo: de un camión de residuos de cierto origen a otro de origen distinto y mucho más de un año a otro, en el que han podido cambiar los procesos productivos que los originan. Por ello, junto a los componentes básicos de toda combustión (CO2 y agua) aparece la ya citada variedad de compuestos tóxicos en buena manera de forma imprevisible. La variedad de especies químicas en contacto en los procesos de combustión y post-combustión con todas las inmensas posibilidades de reacción entre ellas y de catálisis sobre otras reacciones hacen totalmente imposible conocer con el detalle necesario lo que ocurre para poder asegurar que no se emiten sustancias peligrosas en proporciones que no impliquen riesgo para la salud y el medio ambiente.
Existe un problema adicional que hace más inaceptable socialmente la incineradora. El real decreto 653/2003 que regula la incineración de residuos obliga en su artículo 15 a realizar sólo cuatro mediciones anuales de metales pesados, dioxinas y furanos y siempre por parte de empresas contratadas por los propietarios de la planta, algo que a juicio de cualquier persona sensata es una forma de control manifiestamente insuficiente. Es perfectamente posible, y de hecho se hace mucho, incinerar las sustancias que se prevé que emitirán más contaminación en los días en los que no hay controles, reservando las sustancias menos comprometedoras para los días del control. Se puede así simular una sensación de cumplimiento de la norma que está muy lejos de ser real.
Hay además un incentivo perverso para incumplir la ley. Los ingresos y beneficios de sus promotores dependen del precio que cobran a los productores de residuos por hacerse cargo de su gestión, y en menor medida por la venta (sorprendente primada) de la electricidad que producen. En cualquier circunstancia existe un fuerte incentivo para relajar los controles ambientales (ya sea aceptando residuos con mayor riesgo, alterando las condiciones de combustión para abaratarlas o simplemente ignorando las cautelas). Esto se vuelve especialmente agudo en situaciones de crisis como la actual, en la que además existe un notable sobreequipamiento de instalaciones de tratamiento, lo que fuerza a los propietarios de las mismas a reducir significativamente los precios que cobran por la retirada ….y por tanto a relajar los controles ambientales para intentar mantener los beneficios.
Otro problema importante es el referido a los vertidos de residuos líquidos de la instalación. El proyecto se contradice cuando afirma que toda el agua del proceso será reutilizada en la instalación de forma que el vertido será cero… Pero después señala que si cesa el funcionamiento de la planta de inertización y no es necesario refrigerar se pude necesitar emitir 17.000 m3 al año de agua de proceso. Además, claro está, de las aguas residuales de servicios y las aguas pluviales. El problema es que estas aguas se prevé que vayan a la depuradora de un polígono industrial que aún no existe y que todavía no tiene suelo recalificado para este fin. ¿Qué pasaría con estas aguas si no existiera la depuradora cuando se finalice?.
Tampoco deben minimizarse otros riegos asociados a la instalación como son los accidentes en camiones que los transportan, explosiones o incendios debido a la mezcla inadecuada de residuos o provocados por otras causas, los riesgos tóxicos para los trabajadores del complejo por la toxicidad de los propios residuos tratados, o la dificultad de tratamiento seguro de las escorias y cenizas del proceso …
Un elemento que preocupa también es el modelo territorial que una instalación de estas características consolida. Por su relativamente escasa densidad de población (en una comunidad muy densamente poblada), por la presencia de ciertos recursos naturales útiles para la construcción y por la abundancia (también relativa) de agua, el sureste de Madrid se configura como un destino “natural” de instalaciones y proyectos de alto impacto. Dar entrada a una planta de tratamiento de residuos peligrosos y sus correspondientes incineradoras, como las que hablamos, consolida y profundiza la tendencia. Porque acerca la posibilidad de que otras empresas similares busquen ubicarse en lugares próximos en busca de sinergias al tiempo que aleja otro tipo de instalaciones y proyectos económicos que busquen incorporar como valor añadido la preservación del medio ambiente, la salud o la calidad “natural”. Al tiempo que, claro está, desvalorizan otros activos económicos de la zona. ¿O se paga igual por una vivienda en un lugar natural saludable que por una próxima a una incineradora de residuos peligrosos?.
Ladislao Martínez López.
Portavoz de la plataforma “Térmicas No-Aire Limpio”.
Los promotores prevén tratar una amplia variedad de residuos peligrosos de diverso tipo: Residuos de talleres de pintura y decapado, fabricación de tintes y pinturas, cincado de hierro, fabricación de cosméticos y medicamentos, explotaciones agrícolas y ganaderas, industria agroalimentaria, etc. En total se prevé que sumen unas 68.700 toneladas de residuos peligrosos de los que unos 30.000 se incinerarán a través de dos tecnologías diferentes: evapooxidación y oxidación catalítica.
El primer aspecto sospechoso es la ubicación del proyecto. Se invoca el principio de proximidad en el tratamiento de los residuos pero se elige un emplazamiento que dista más de 60 km de Madrid ciudad y más de 30 de la zona industrial de la Comunidad. Parece por tanto que lo determinante ha sido encontrar suelo barato y autoridades municipales dispuestas a aceptar este tipo de instalaciones. Tampoco parece un asunto menor que se trate de un municipio en el límite de la Comunidad, con lo que buena parte de los problemas derivados se “exportan” a otras regiones y que, por tratarse de un término municipal relativamente alargado y extenso, se haya podido encontrar un emplazamiento mucho más cercano a poblaciones colindantes que al propio casco urbano de Estremera.
Se cita el consabido mantra de que en los residuos peligrosos la estrategia debe ser reducir, reutilizar, reciclar y sólo después incinerar, pero la instalación, una de las mayores de la Comunidad, se concibe para quemar residuos. Lo que de paso disuade de acometer los procesos que teóricamente son prioritarios en la citada estrategia.
Se apunta que la Comunidad de Madrid aspira a ser autosuficiente en la capacidad de tratar residuos peligrosos, pero las estadísticas disponibles de distintas fuentes son manifiestamente incongruentes entre sí. Los datos que proporcionan el Gobierno Regional, el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto de Estadística(IE) de la Comunidad difieren entre sí de forma notable. El Gobierno regional, en teoría responsable de gestionar estos residuos, no publica datos desde hace más de 5 años. Los datos del IE, más recientes, sólo alcanzan hasta 2007 y son significativamente menores que los de la Comunidad. No reflejan aún el impacto de la crisis. No está en modo alguno justificada la necesidad de esta instalación. Antes al contrario, el mensaje que lanzan los portavoces de Asegre (patronal que agrupa a los gestores de residuos) es que la crisis ha mermado sustancialmente la producción de estos residuos. Apuntan que la producción de residuos ha caído un 25% con la crisis y que hay un exceso manifiesto de capacidad de tratamiento. Hablan de una capacidad en todo el país de 4 millones de Toneladas para una producción efectiva del orden de 2,5 millones. Señalan que se ha perdido el 25% del empleo en este sector.
Pero el hecho que mas preocupa en la zona son las emisiones atmosféricas previstas de diversas sustancias tóxicas entre las que se encuentran: partículas; metales pesados como mercurio, cromo, cadmio, arsénico, plomo y berilio; hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs); otros compuestos orgánicos volátiles (COVs); gases ácidos como óxidos de azufre; dióxidos de nitrógeno y ácido clorhídrico y gases de efecto invernadero como dióxido de carbono. En el proceso de incineración también se forman nuevos compuestos tóxicos como los policlorobifenilos (PCBs) las dioxinas y furanos,. Todos estos compuestos forman parte de la familia de compuestos orgánicos persistentes (COP) que son extremadamente tóxicos, persistentes y se acumulan en los tejidos grasos, lo que puede suponer un grave riesgo para las personas si estamos expuestos a estos contaminantes y para el medio ambiente.
El problema de la incineración de residuos peligrosos es que las materias primas contienen varios miles de especies químicas distintas por lo que no es posible encontrar las condiciones de combustión que minimicen simultáneamente la emisión de contaminantes derivados de todas las sustancias. Además la composición química y la proporción de los componentes varían de forma importante con el tiempo: de un camión de residuos de cierto origen a otro de origen distinto y mucho más de un año a otro, en el que han podido cambiar los procesos productivos que los originan. Por ello, junto a los componentes básicos de toda combustión (CO2 y agua) aparece la ya citada variedad de compuestos tóxicos en buena manera de forma imprevisible. La variedad de especies químicas en contacto en los procesos de combustión y post-combustión con todas las inmensas posibilidades de reacción entre ellas y de catálisis sobre otras reacciones hacen totalmente imposible conocer con el detalle necesario lo que ocurre para poder asegurar que no se emiten sustancias peligrosas en proporciones que no impliquen riesgo para la salud y el medio ambiente.
Existe un problema adicional que hace más inaceptable socialmente la incineradora. El real decreto 653/2003 que regula la incineración de residuos obliga en su artículo 15 a realizar sólo cuatro mediciones anuales de metales pesados, dioxinas y furanos y siempre por parte de empresas contratadas por los propietarios de la planta, algo que a juicio de cualquier persona sensata es una forma de control manifiestamente insuficiente. Es perfectamente posible, y de hecho se hace mucho, incinerar las sustancias que se prevé que emitirán más contaminación en los días en los que no hay controles, reservando las sustancias menos comprometedoras para los días del control. Se puede así simular una sensación de cumplimiento de la norma que está muy lejos de ser real.
Hay además un incentivo perverso para incumplir la ley. Los ingresos y beneficios de sus promotores dependen del precio que cobran a los productores de residuos por hacerse cargo de su gestión, y en menor medida por la venta (sorprendente primada) de la electricidad que producen. En cualquier circunstancia existe un fuerte incentivo para relajar los controles ambientales (ya sea aceptando residuos con mayor riesgo, alterando las condiciones de combustión para abaratarlas o simplemente ignorando las cautelas). Esto se vuelve especialmente agudo en situaciones de crisis como la actual, en la que además existe un notable sobreequipamiento de instalaciones de tratamiento, lo que fuerza a los propietarios de las mismas a reducir significativamente los precios que cobran por la retirada ….y por tanto a relajar los controles ambientales para intentar mantener los beneficios.
Otro problema importante es el referido a los vertidos de residuos líquidos de la instalación. El proyecto se contradice cuando afirma que toda el agua del proceso será reutilizada en la instalación de forma que el vertido será cero… Pero después señala que si cesa el funcionamiento de la planta de inertización y no es necesario refrigerar se pude necesitar emitir 17.000 m3 al año de agua de proceso. Además, claro está, de las aguas residuales de servicios y las aguas pluviales. El problema es que estas aguas se prevé que vayan a la depuradora de un polígono industrial que aún no existe y que todavía no tiene suelo recalificado para este fin. ¿Qué pasaría con estas aguas si no existiera la depuradora cuando se finalice?.
Tampoco deben minimizarse otros riegos asociados a la instalación como son los accidentes en camiones que los transportan, explosiones o incendios debido a la mezcla inadecuada de residuos o provocados por otras causas, los riesgos tóxicos para los trabajadores del complejo por la toxicidad de los propios residuos tratados, o la dificultad de tratamiento seguro de las escorias y cenizas del proceso …
Un elemento que preocupa también es el modelo territorial que una instalación de estas características consolida. Por su relativamente escasa densidad de población (en una comunidad muy densamente poblada), por la presencia de ciertos recursos naturales útiles para la construcción y por la abundancia (también relativa) de agua, el sureste de Madrid se configura como un destino “natural” de instalaciones y proyectos de alto impacto. Dar entrada a una planta de tratamiento de residuos peligrosos y sus correspondientes incineradoras, como las que hablamos, consolida y profundiza la tendencia. Porque acerca la posibilidad de que otras empresas similares busquen ubicarse en lugares próximos en busca de sinergias al tiempo que aleja otro tipo de instalaciones y proyectos económicos que busquen incorporar como valor añadido la preservación del medio ambiente, la salud o la calidad “natural”. Al tiempo que, claro está, desvalorizan otros activos económicos de la zona. ¿O se paga igual por una vivienda en un lugar natural saludable que por una próxima a una incineradora de residuos peligrosos?.
Ladislao Martínez López.
Portavoz de la plataforma “Térmicas No-Aire Limpio”.
martes, 18 de mayo de 2010
jueves, 13 de mayo de 2010
Izquierda Unida rechaza la propuesta de trasladar la central eléctrica al polígono industrial de Güímar
Las Asambleas Locales de Izquierda Unida en los municipios de Candelaria, Arafo y Güímar se posiciona en contra del traslado de la central del UNELCO al polígono industrial del valle de Güímar, y apoya la posición de los vecinos de la playa de la Viuda, del casco de Candelaria, de Araya, de Cuevecitas, Malpaís y del resto de habitantes del Valle. Además, propone que se tenga la valentía democrática de preguntar a los habitantes del Valle su opinión en referéndum.
Llama la atención el desinterés y la falta de manifestaciones del Gobierno municipal de Arafo que pasaría a ser el municipio más afectado por el cambio de ubicación.
La mayor parte del polígono industrial está situado en Arafo, sin embargo, ni en la Memoria de información, ni en el informe de sostenibilidad del avance PGO se hace referencia a la influencia de un Polígono Industrial de la envergadura del de Güímar en la contaminación atmosférica y costera del municipio y del valle.
No se aporta un censo de las industrias, ni existe un diagnóstico de la tipología de industria, sus materias primas, procesos de transformación que utilizan, de los residuos que generan, etc.
Ninguno de los municipios del Valle ha abordado las repercusiones que tendría su crecimiento ni se enfoca el tipo de actividad industrial de cara al futuro, ni se plantean medidas correctoras sobre los agentes contaminantes ni sobre el impacto visual en el paisaje.
El Grupo de Gobierno Municipal de Candelaria ha pasado de exigir el desmantelamiento y de apoyar las protestas, por el ruido y la contaminación, que los vecinos de Candelaria llevan sufriendo más de cuatro décadas, a la negociación para mantenerla dentro del mismo municipio con lo que se seguiría perjudicando y dañando la salud de las personas que viven en Candelaria y en el conjunto del Valle sin contar con la opinión de estos.
La razón de este cambio habría que buscarla en lo que siempre el Grupo de Gobierno de Candelaria ha pretendido: disponer del suelo para el desarrollo urbanístico y de las plusvalías que puede generar si pasa a manos privadas.
Los vecinos, la salud de las personas de nuestros municipios no es importante para los gobiernos municipales, ni para Unelco-Endesa como viene demostrándose durante años en otras muchas cuestiones y en esta en particular.
Pronto vendrá esta entidad y sus correligionarios a prometer muchas inversiones, subvenciones y estudios sobre su inocuidad como hicieron con el tendido eléctrico sobre Vilaflor.
Sin embrago no debemos olvidar que el Valle de Güímar es el menos indicado para albergar una Central térmica como ya indicó el estudio que hizo la Universidad de La Laguna sobre la concentración de ozono troposférico en nuestro Valle.
El ozono troposférico puede llegar a ser un problema cuando se provoca un aumento de su concentración por medios artificiales, como es el caso de la contaminación generada por una central eléctrica. Al aumentar su concentración, el ozono se convierte en un contaminante que afecta a la salud de las personas. Pero, el ozono no sólo es perjudicial para los ciudadanos, también lo es para el resto de los seres vivos. Por ejemplo, es altamente tóxico para las plantas. Afecta a las paredes celulares, disminuye la actividad fotosintética y perjudica su crecimiento, provocando una disminución de la vegetación natural y de la producción agrícola.
La orografía del terreno y la entrada de vientos alisios haría que toda la contaminación generada por la central eléctrica se concentre en una zona de medianías muy poblada y cerrada por las laderas del valle, potenciándose los efectos negativos.
Tanto en este caso, como en otros que afectan a la sostenibilidad de la isla, hace falta mayor debate y la búsqueda de alternativas energéticas menos agresivas, junto al replanteamiento del modelo desarrollo que tenemos y al esfuerzo del conjunto de la sociedad para lograr una mayor eficiencia energética.
lunes, 26 de abril de 2010
¿VUELVE LA ENERGÍA NUCLEAR?
RIVAS AIRE LIMPIO
¡TERMICAS NO!
Te invita a participar en la
CHARLA-DEBATE
¿VUELVE LA ENERGÍA NUCLEAR?
MIÉRCOLES 28 ABRIL
A las 19:30 horas
Presentan:
LADISLAO MARTÍNEZ
Químico. Activista antinuclear
EDUARDO DEL ARBOL
Plataforma contra cementerio nuclear. Cuenca
En la sala polivalente del Centro Cultural
"Federico García Lorca"
Apoya
ASAMBLEA SOCIAL DE RIVAS
Autoservicio de bar durante el acto
martes, 20 de abril de 2010
FIESTA REPUBLICANA Y PREMIOS 14 DE ABRIL
ESTA ENTRADA NADA TIENE QUE VER CON EL MEDIO AMBIENTE,PERO SI CON EL SENTIMIENTO REPUBLICANO QUE MUCHOS DE NOSOTROS TENEMOS MUY ARRAIGADO,Y COMO LA PRENSA CONVENCIONAL NO HA QUERIDO HACERSE ECO DE ELLA,POR LO MENOS QUE NO SE QUEDE SIN DIVULGAR EN NUESTROS MEDIOS,SALUD Y REPÚBLICA
jueves, 25 de marzo de 2010
LA HORA DEL PLANETA
El Ayuntamiento de Rivas convoca a su ciudadanía para que apague las luces de sus hogares el próximo sábado, 27 de marzo, entre las 20.30 y las 21.30, como modo para protestar por las causas que generan el cambio climático.
Por su parte, el Consistorio ripense ha decidido que 14 edificios públicos, de los más emblemáticos y entre los que se encuentra el propio Ayuntamiento o La Espiral, dejen de iluminarse durante una hora. De este modo Rivas continúa con una tradición de apoyo a este tipo de iniciativas que empezó el 1 de febrero de 2007.
En aquella ocasión, unidades móviles de radio y TV se acercaron por Rivas para seguir en directo una iniciativa novedosa que tuvo un gran seguimiento por parte de la ciudadanía ripense.
Nuestro municipio lleva desde 2008 desarrollando Rivas Ecópolis, un proyecto muy ambicioso que busca implicar tanto a la ciudadanía como a las instituciones en un modo sostenible de construir la ciudad.
Así, desde su creación, Rivas Ecópolis ha facilitado la instalación de energía solar en los hogares y en edificios públicos, junto a otras medidas que pretenden lucha contra el cambio climático. Una de las propuestas más destacadas es ‘Rivas Emisiones Cero’, que se ha fijado el año 2020 para reducir en la ciudad las emisiones de CO2 en un 50%, y que en 2030, éstas sean cero.
Una campaña planetaria
‘Apaga la luz, enciende el planeta’, es el eslogan de esta acción mundial que lidera la organización ecologista WWFF (Fondo Mundial de la Naturaleza). La Hora del Planeta 2010 será la mayor llamada a la acción organizada jamás. Servirá para demostrar que, actuando juntos, todos somos parte de la solución al cambio climático, a pesar del insuficiente acuerdo de Copenhague.
El pasado año mil millones de personas de más de 4.000 ciudades en 88 países participaron en el gran apagón y este año la organización espera batir estas cifras. En España casi un centenar de ciudades dejarán sus monumentos y edificios a oscuras el próximo sábado 27 de marzo.
En esta oportunidad la iniciativa pretende implicar a más de mil millones de personas y movilizar a 6.000 ciudades del mundo para demostrar el apoyo global a la acción contra el cambio climático.
¿Te unes a salvar el planeta?
BUENA NOTICIA
Paralización administrativa de la central térmica de Morata de Tajuña
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la Autorización Administrativa y la Declaración de Impacto Ambiental de la central térmica de Morata de Tajuña El recurso fue presentado por Ecologistas en Acción en el año 2006 y la sentencia equivale a la paralización administrativa de la central.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado, en una sentencia fechada el 17 de diciembre de 2009 y que ha sido recientemente notificada a las partes, el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción contra la central térmica de gas en ciclo combinado prevista en Morata de Tajuña.
Con esta sentencia quedan anuladas dos resoluciones administrativas. La primera es la Declaración de Impacto Ambiental emitida el día 7 de febrero de 2005 por la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio climático, la segunda es de fecha 27 de marzo de 2006 y se concede Autorización Administrativa a la citada central por la Dirección General de Política Energética y Minas.
En sus “Fundamentos de Derecho” el Tribunal entiende que Ecologistas en Acción tiene un “interés directo” para impugnar los actos administrativos reseñados, lo que le permite actuar contra dichos actos por estar plenamente legitimada para ello.
Este hecho ya fue apreciado anteriormente por el Tribunal Supremo a la misma asociación en un recurso similar realizado contra la central térmica de Aceca (Toledo).
Entiende también el tribunal que Ecologistas en Acción procedió con respeto a los mecanismos legales establecidos.
En lo relativo a los aspectos esenciales de la demanda, el TSJM juzga que se debió conceder la Autorización Ambiental Integrada (AAI) , que debe otorgar la Comunidad Autónoma de Madrid, antes de obtener la Autorización Administrativa ya que la instalación de Morata debía haber sido considerada como “Instalación Nueva” y no como “Instalación Existente” de acuerdo con lo establecido por la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación del año 2002.
La central carece todavía de la citada AAI y dispone no obstante de Autorización Administrativa desde 2006. A juicio de Jaime Doreste, coordinador del grupo de abogados que prepararon la demanda y representante de Ecologistas en Acción en la causa, “es evidente que una central que todavía no ha iniciado su construcción y que carece de proyecto de ejecución, no puede considerarse de ningún modo una instalación que ya existía en 2002 cuando se aprobó la ley”.
Se extiende también la sentencia en largas consideraciones sobre la aplicación o no de lo establecido por el reglamento de Instalaciones Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, sobre la distancia de dicha central al núcleo principal de población (que es de 1.500 m), sobre la necesidad de redactar un Plan Parcial, sobre la necesidad de ubicación alternativa de la planta o no,….para concluir que la Declaración de Impacto Ambiental también es nula.
Para Ladislao Martínez, portavoz de la plataforma Térmicas No-Aire Limpio coordinadora de la que forma parte Ecologistas en Acción con diversos grupos vecinales y sociales (entre ellos I.U. Rivas) “esta sentencia devuelve a la central térmica de Morata de Tajuña a la situación en que se encontraba en el año 2000, cuando se inició el procedimiento”.
Pidió además a la Administración y a Morata de Energía “que no recurran el auto y que entierren definitivamente el proyecto ya que este tipo de centrales no son necesarias para atender la demanda futura de electricidad y además cuentan con un notable rechazo social e institucional”.
Señaló que, además de los grupos sociales presentes en la plataforma, todos los grupos municipales del ayuntamiento de Morata se han opuesto reiteradamente al proyecto, llegando a realizar un encierro de varios días contra la central, y todos los grupos de la Asamblea Regional de Madrid aprobaron una moción de rechazo al mismo proyecto.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la Autorización Administrativa y la Declaración de Impacto Ambiental de la central térmica de Morata de Tajuña El recurso fue presentado por Ecologistas en Acción en el año 2006 y la sentencia equivale a la paralización administrativa de la central.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado, en una sentencia fechada el 17 de diciembre de 2009 y que ha sido recientemente notificada a las partes, el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción contra la central térmica de gas en ciclo combinado prevista en Morata de Tajuña.
Con esta sentencia quedan anuladas dos resoluciones administrativas. La primera es la Declaración de Impacto Ambiental emitida el día 7 de febrero de 2005 por la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio climático, la segunda es de fecha 27 de marzo de 2006 y se concede Autorización Administrativa a la citada central por la Dirección General de Política Energética y Minas.
En sus “Fundamentos de Derecho” el Tribunal entiende que Ecologistas en Acción tiene un “interés directo” para impugnar los actos administrativos reseñados, lo que le permite actuar contra dichos actos por estar plenamente legitimada para ello.
Este hecho ya fue apreciado anteriormente por el Tribunal Supremo a la misma asociación en un recurso similar realizado contra la central térmica de Aceca (Toledo).
Entiende también el tribunal que Ecologistas en Acción procedió con respeto a los mecanismos legales establecidos.
En lo relativo a los aspectos esenciales de la demanda, el TSJM juzga que se debió conceder la Autorización Ambiental Integrada (AAI) , que debe otorgar la Comunidad Autónoma de Madrid, antes de obtener la Autorización Administrativa ya que la instalación de Morata debía haber sido considerada como “Instalación Nueva” y no como “Instalación Existente” de acuerdo con lo establecido por la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación del año 2002.
La central carece todavía de la citada AAI y dispone no obstante de Autorización Administrativa desde 2006. A juicio de Jaime Doreste, coordinador del grupo de abogados que prepararon la demanda y representante de Ecologistas en Acción en la causa, “es evidente que una central que todavía no ha iniciado su construcción y que carece de proyecto de ejecución, no puede considerarse de ningún modo una instalación que ya existía en 2002 cuando se aprobó la ley”.
Se extiende también la sentencia en largas consideraciones sobre la aplicación o no de lo establecido por el reglamento de Instalaciones Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, sobre la distancia de dicha central al núcleo principal de población (que es de 1.500 m), sobre la necesidad de redactar un Plan Parcial, sobre la necesidad de ubicación alternativa de la planta o no,….para concluir que la Declaración de Impacto Ambiental también es nula.
Para Ladislao Martínez, portavoz de la plataforma Térmicas No-Aire Limpio coordinadora de la que forma parte Ecologistas en Acción con diversos grupos vecinales y sociales (entre ellos I.U. Rivas) “esta sentencia devuelve a la central térmica de Morata de Tajuña a la situación en que se encontraba en el año 2000, cuando se inició el procedimiento”.
Pidió además a la Administración y a Morata de Energía “que no recurran el auto y que entierren definitivamente el proyecto ya que este tipo de centrales no son necesarias para atender la demanda futura de electricidad y además cuentan con un notable rechazo social e institucional”.
Señaló que, además de los grupos sociales presentes en la plataforma, todos los grupos municipales del ayuntamiento de Morata se han opuesto reiteradamente al proyecto, llegando a realizar un encierro de varios días contra la central, y todos los grupos de la Asamblea Regional de Madrid aprobaron una moción de rechazo al mismo proyecto.
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