Una empresa filial del grupo Abengoa (Befesa) quiere instalar en el término municipal de Estremera , Madrid, una incineradora de residuos peligrosos. El proyecto se tramita con gran rapidez, lo que constituye una prueba clara de que cuenta con apoyo del Gobierno Regional de Esperanza Aguirre. Como siempre ocurre en estos casos, el nombre oficial pretende ocultar la naturaleza del proyecto y se presenta con el muy aséptico título de “Centro madrileño de tecnologías para la recuperación industrial”.
Los promotores prevén tratar una amplia variedad de residuos peligrosos de diverso tipo: Residuos de talleres de pintura y decapado, fabricación de tintes y pinturas, cincado de hierro, fabricación de cosméticos y medicamentos, explotaciones agrícolas y ganaderas, industria agroalimentaria, etc. En total se prevé que sumen unas 68.700 toneladas de residuos peligrosos de los que unos 30.000 se incinerarán a través de dos tecnologías diferentes: evapooxidación y oxidación catalítica.
El primer aspecto sospechoso es la ubicación del proyecto. Se invoca el principio de proximidad en el tratamiento de los residuos pero se elige un emplazamiento que dista más de 60 km de Madrid ciudad y más de 30 de la zona industrial de la Comunidad. Parece por tanto que lo determinante ha sido encontrar suelo barato y autoridades municipales dispuestas a aceptar este tipo de instalaciones. Tampoco parece un asunto menor que se trate de un municipio en el límite de la Comunidad, con lo que buena parte de los problemas derivados se “exportan” a otras regiones y que, por tratarse de un término municipal relativamente alargado y extenso, se haya podido encontrar un emplazamiento mucho más cercano a poblaciones colindantes que al propio casco urbano de Estremera.
Se cita el consabido mantra de que en los residuos peligrosos la estrategia debe ser reducir, reutilizar, reciclar y sólo después incinerar, pero la instalación, una de las mayores de la Comunidad, se concibe para quemar residuos. Lo que de paso disuade de acometer los procesos que teóricamente son prioritarios en la citada estrategia.
Se apunta que la Comunidad de Madrid aspira a ser autosuficiente en la capacidad de tratar residuos peligrosos, pero las estadísticas disponibles de distintas fuentes son manifiestamente incongruentes entre sí. Los datos que proporcionan el Gobierno Regional, el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto de Estadística(IE) de la Comunidad difieren entre sí de forma notable. El Gobierno regional, en teoría responsable de gestionar estos residuos, no publica datos desde hace más de 5 años. Los datos del IE, más recientes, sólo alcanzan hasta 2007 y son significativamente menores que los de la Comunidad. No reflejan aún el impacto de la crisis. No está en modo alguno justificada la necesidad de esta instalación. Antes al contrario, el mensaje que lanzan los portavoces de Asegre (patronal que agrupa a los gestores de residuos) es que la crisis ha mermado sustancialmente la producción de estos residuos. Apuntan que la producción de residuos ha caído un 25% con la crisis y que hay un exceso manifiesto de capacidad de tratamiento. Hablan de una capacidad en todo el país de 4 millones de Toneladas para una producción efectiva del orden de 2,5 millones. Señalan que se ha perdido el 25% del empleo en este sector.
Pero el hecho que mas preocupa en la zona son las emisiones atmosféricas previstas de diversas sustancias tóxicas entre las que se encuentran: partículas; metales pesados como mercurio, cromo, cadmio, arsénico, plomo y berilio; hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs); otros compuestos orgánicos volátiles (COVs); gases ácidos como óxidos de azufre; dióxidos de nitrógeno y ácido clorhídrico y gases de efecto invernadero como dióxido de carbono. En el proceso de incineración también se forman nuevos compuestos tóxicos como los policlorobifenilos (PCBs) las dioxinas y furanos,. Todos estos compuestos forman parte de la familia de compuestos orgánicos persistentes (COP) que son extremadamente tóxicos, persistentes y se acumulan en los tejidos grasos, lo que puede suponer un grave riesgo para las personas si estamos expuestos a estos contaminantes y para el medio ambiente.
El problema de la incineración de residuos peligrosos es que las materias primas contienen varios miles de especies químicas distintas por lo que no es posible encontrar las condiciones de combustión que minimicen simultáneamente la emisión de contaminantes derivados de todas las sustancias. Además la composición química y la proporción de los componentes varían de forma importante con el tiempo: de un camión de residuos de cierto origen a otro de origen distinto y mucho más de un año a otro, en el que han podido cambiar los procesos productivos que los originan. Por ello, junto a los componentes básicos de toda combustión (CO2 y agua) aparece la ya citada variedad de compuestos tóxicos en buena manera de forma imprevisible. La variedad de especies químicas en contacto en los procesos de combustión y post-combustión con todas las inmensas posibilidades de reacción entre ellas y de catálisis sobre otras reacciones hacen totalmente imposible conocer con el detalle necesario lo que ocurre para poder asegurar que no se emiten sustancias peligrosas en proporciones que no impliquen riesgo para la salud y el medio ambiente.
Existe un problema adicional que hace más inaceptable socialmente la incineradora. El real decreto 653/2003 que regula la incineración de residuos obliga en su artículo 15 a realizar sólo cuatro mediciones anuales de metales pesados, dioxinas y furanos y siempre por parte de empresas contratadas por los propietarios de la planta, algo que a juicio de cualquier persona sensata es una forma de control manifiestamente insuficiente. Es perfectamente posible, y de hecho se hace mucho, incinerar las sustancias que se prevé que emitirán más contaminación en los días en los que no hay controles, reservando las sustancias menos comprometedoras para los días del control. Se puede así simular una sensación de cumplimiento de la norma que está muy lejos de ser real.
Hay además un incentivo perverso para incumplir la ley. Los ingresos y beneficios de sus promotores dependen del precio que cobran a los productores de residuos por hacerse cargo de su gestión, y en menor medida por la venta (sorprendente primada) de la electricidad que producen. En cualquier circunstancia existe un fuerte incentivo para relajar los controles ambientales (ya sea aceptando residuos con mayor riesgo, alterando las condiciones de combustión para abaratarlas o simplemente ignorando las cautelas). Esto se vuelve especialmente agudo en situaciones de crisis como la actual, en la que además existe un notable sobreequipamiento de instalaciones de tratamiento, lo que fuerza a los propietarios de las mismas a reducir significativamente los precios que cobran por la retirada ….y por tanto a relajar los controles ambientales para intentar mantener los beneficios.
Otro problema importante es el referido a los vertidos de residuos líquidos de la instalación. El proyecto se contradice cuando afirma que toda el agua del proceso será reutilizada en la instalación de forma que el vertido será cero… Pero después señala que si cesa el funcionamiento de la planta de inertización y no es necesario refrigerar se pude necesitar emitir 17.000 m3 al año de agua de proceso. Además, claro está, de las aguas residuales de servicios y las aguas pluviales. El problema es que estas aguas se prevé que vayan a la depuradora de un polígono industrial que aún no existe y que todavía no tiene suelo recalificado para este fin. ¿Qué pasaría con estas aguas si no existiera la depuradora cuando se finalice?.
Tampoco deben minimizarse otros riegos asociados a la instalación como son los accidentes en camiones que los transportan, explosiones o incendios debido a la mezcla inadecuada de residuos o provocados por otras causas, los riesgos tóxicos para los trabajadores del complejo por la toxicidad de los propios residuos tratados, o la dificultad de tratamiento seguro de las escorias y cenizas del proceso …
Un elemento que preocupa también es el modelo territorial que una instalación de estas características consolida. Por su relativamente escasa densidad de población (en una comunidad muy densamente poblada), por la presencia de ciertos recursos naturales útiles para la construcción y por la abundancia (también relativa) de agua, el sureste de Madrid se configura como un destino “natural” de instalaciones y proyectos de alto impacto. Dar entrada a una planta de tratamiento de residuos peligrosos y sus correspondientes incineradoras, como las que hablamos, consolida y profundiza la tendencia. Porque acerca la posibilidad de que otras empresas similares busquen ubicarse en lugares próximos en busca de sinergias al tiempo que aleja otro tipo de instalaciones y proyectos económicos que busquen incorporar como valor añadido la preservación del medio ambiente, la salud o la calidad “natural”. Al tiempo que, claro está, desvalorizan otros activos económicos de la zona. ¿O se paga igual por una vivienda en un lugar natural saludable que por una próxima a una incineradora de residuos peligrosos?.
Ladislao Martínez López.
Portavoz de la plataforma “Térmicas No-Aire Limpio”.
